Las elecciones internas y primarias del pasado 18 de
noviembre reconfirmaron la profunda crisis en la que se debate nuestro país
desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, caracterizada por la
destrucción sistemática de la institucionalidad del Estado, el desgarramiento
del tejido social, el progresivo deterioro de la economía, el crecimiento de la
corrupción pública, la impunidad que la ampara y la persistente violación de
los derechos comunitarios sobre sus territorios y bienes naturales. Todo lo
cual se traduce en una pérdida de legitimidad de las instituciones del Estado y
sus autoridades, y en una enorme desconfianza de la ciudadanía ante el futuro
de la nación hondureña.
Consciente de su responsabilidad y compromiso político y
social con Honduras, especialmente con las comunidades empobrecidas y
marginalizadas más afectadas por la crisis política, económica y social que
abate a Honduras, el MADJ se pronuncia ante la comunidad nacional e
internacional en los términos siguientes:
1.
La crisis nacional se ha profundizado desde el
golpe de Estado de 2009, expresándose a través de una falta absoluta de
consenso político y social entre las elites, y en general en toda nuestra
sociedad. Sin embargo, la situación actual es el resultado de las crisis
periódicas que hemos vivido desde el retorno al orden constitucional en 1982,
es decir en los últimos 30 años de gobierno bipartidista, cuya incapacidad para
responder adecuadamente a los grandes retos nacionales durante este período
tiene a nuestra sociedad al borde del fracaso y la destrucción.
2.
Los orígenes estructurales de la crisis se
fundamentan en la profunda desigualdad social y económica que caracteriza a
nuestra sociedad, la inequidad en la distribución del ingreso y la riqueza, el
uso de la institucionalidad del Estado con fines de dominación política y
social al servicio de las elites, el abuso en la represión y la violación
sistemática a los derechos humanos para imponer la voluntad de los grupos de
poder, así como la exclusión de las comunidades urbanas y rurales de todo
beneficio económico y social.
3.
Estos graves problemas se han venido acumulando
en los últimos 30 años de gobierno bipartidista, hasta convertirse en una
profunda crisis social que se concreta en una ola de violencia y criminalidad
sin precedentes, en el desempleo y la migración masiva de nuestra población al
extranjero, y un régimen político que actualmente no demuestra ningún interés
en satisfacer las demandas de justicia social, mantenimiento del imperio de la
ley y la justicia, y mucho menos en proteger nuestro territorio y los intereses
de las comunidades y el pueblo hondureño.
4.
El desempleo, la violencia, la falta de
confianza y la crisis en la institucionalidad del Estado afectan gravemente a
las comunidades rurales y sus bienes naturales, que han sido puestos en venta
para que el capital extranjero se beneficie de nuestras riquezas haciendo una
explotación irracional de la tierra, los bosques y las aguas nacionales por
medio de inescrupulosas concesiones para establecer represas, minas a cielo
abierto y explorar los hidrocarburos, sin dejar ningún beneficio para las
comunidades rurales y urbanas, aldeas y municipios de nuestro país.
5.
Esta conducta del Estado a favor del capital
extranjero y las elites nacionales de origen también extranjero, y en contra de
las comunidades empobrecidas en todo nuestro territorio, formó parte de un plan
del capital transnacional y de las potencias encabezadas por Estados Unidos
para expropiar nuestros bienes naturales desde el inicio del Plan Puebla
Panamá, para beneficio exclusivo del poder transnacional en detrimento de
nuestra sociedad empobrecida y colonizada. Todo lo cual está provocando una
nueva desnacionalización de Honduras y su territorio, como sucedió con la
llegada de las compañías mineras y bananeras de Estados Unidos desde 1880; que
ahora también está generando un nuevo proceso de concentración de la propiedad
de la tierra, los bosques y las aguas en manos de un puñado de capitalistas
nacionales y extranjeros que excluyen a nuestras comunidades de los beneficios
de explotación de su propio territorio, para empobrecerlas más.
Ante la crisis que vivimos en todos los órdenes y ante la
necesidad de que Honduras y sus bienes naturales sean para el beneficio y la
felicidad de sus habitantes, como la manda la Constitución de la República, el
MADJ propone ante nuestra sociedad y los administradores de la crisis actual,
lo siguiente:
1.
Someter a consideración de la nación un nuevo
sistema electoral y una nueva institucionalidad electoral, que depure al
régimen actual, lo abra a la participación popular, que sea completamente
transparente y no deje lugar a dudas sobre el origen del financiamiento de las
campañas electorales y reduzca toda posibilidad de fraude contra el pueblo en
las elecciones generales del 2013.Todo lo cual no será posible mientras todos
los poderes del Estado y las instituciones electorales sigan en manos de dos
partidos políticos de probada incapacidad y de reconocida insolvencia moral.
2.
Combatir la corrupción pública ordenando la
transparencia y el respeto a las leyes de rendición de cuentas en todas las
instituciones del Estado, especialmente en aquellas que están llamadas a
garantizar la seguridad pública, la salud, la educación, la seguridad
alimentaria y la infraestructura. Asimismo, fortalecer la institucionalidad de
los operadores de justicia y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico y el
Estado de Derecho para identificar y castigar con todo el peso de la ley a
quienes la violan para ponerla al servicio de sus intereses.
3.
Prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones
al capital transnacional y nacional en todo el territorio nacional para
explotar la tierra, los bosques y las aguas nacionales a beneficio exclusivo de
intereses ajenos a la nación hondureña a un alto costo para las comunidades, el
medioambiente y el futuro del país, como ha venido pasando, con mayor énfasis
desde el gobierno de facto de Roberto Micheletti y el gobierno actual.
4.
Derogar todas las concesiones otorgadas en las
últimas dos administraciones y comenzar la discusión de una nueva legislación
sobre la protección y uso de los bienes naturales, con una amplia participación
comunitaria y un amplio consenso social para implementar una nueva estrategia
de desarrollo nacional, inclusiva y a
favor de la población empobrecida y marginalizada, respetuosa del ambiente, la
naturaleza, la salud, el bienestar de la población y la convivencia humana.
Asimismo, todas las comunidades que han sido afectadas por las concesiones ya
otorgadas deben ser indemnizadas por los capitales que las han perjudicado y
por el Estado que lo ha permitido.
5.
Transformar radicalmente el concepto de la
legislación y la institucionalidad del Estado sobre el uso, conservación,
administración y gestión de los bienes naturales, vinculando estrechamente esta
nueva legislación con la aplicación y el cumplimiento de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales para favorecer a las poblaciones y
comunidades empobrecidas y excluidas, en lugar de las políticas actuales de
compensación que nada compensan.
6.
Esta Asamblea General del MADJ condena
igualmente todo uso demagógico de la lucha contra la corrupción, que procede de
los mismos centros de poder, con el cinismo político que caracteriza a la clase
política corrupta que mal gobierna el país. La lucha contra la corrupción debe
representar el auténtico sentimiento del pueblo que al exigir el combate a la
corrupción vela por sus propios intereses, clama por mejores servicios de salud
y educación; y, exige un gobierno transparente que vele por los intereses de
toda la sociedad y no solo de las elites que han ejercido el gobierno en todo
este periodo y que nos han llevado a un fracaso total.
¡Por la Dignidad contra la impunidad! ¡No más
concesiones ni venta del territorio nacional y comunitario! ¡Alto a la
corrupción pública y el fraude electoral!
Dado en la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua,
a los 9 días del mes de diciembre de 2012, en la Asamblea General del
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
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